¿Qué es la justicia penal adolescente?
¿Porqué los adolescentes deben tener derecho a una justicia
especializada?
La psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte irresponsable, sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos delictivos no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar su integración social y evitar en todo momento que sea
privado de su derecho fundamental a la educación.
¿Cuál es la finalidad de la justicia penal adolescente?
Podemos enumerar al menos cuatro finalidades por orden de importancia:
1) Administrar justicia de forma democrática.
2) Fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una
infracción penal.
3) Promover su integración social.
4) Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de reinserción
social, mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de
medidas socio-educativas.
¿Porqué se fija una edad mínima de responsabilidad penal adolescente?
Aunque las Reglas de Beijing dejan libertad a los Estados a la hora de fijar las
edades mínimas y máxima de responsabilidad penal, la franja de edad a partir
de la cual se considera al adolescente responsable oscila en el derecho
comparado entre los 12 y los 14 años al entender que es a partir de esa edad
cuando comienza a cristalizarse la adquisición de responsabilidad y la capacidad
de raciocinio, y se extiende hasta los 17 años. Por debajo de esas edades los
niños que cometen infracciones quedan sujetos al control de su familia o de las
instituciones civiles de protección, mientras que las personas mayores de 18
años pasan a ser juzgadas y sentenciadas de conformidad con los Códigos
Penales.
La imputabilidad atribuida a los adolescentes debe corresponder a la capacidad
de autonomía y al ejercicio de derechos que se les reconoce en la sociedad, Así
por ejemplo, el establecimiento de una edad para votar o ser electo(a) para
cargos de representación popular, para obtener una licencia de conducir, o para
la compra de bebidas alcohólicas, etc. son expresiones del reconocimiento
social acerca de cuándo una persona está lo suficientemente madura para
tomar decisiones con plena responsabilidad, lo que ocurre por lo general a partir
de los 18 años.
¿Cuál es el mandato de la justicia penal adolescente?
El mandato de la justicia penal adolescente es contribuir a que los adolescentes
se responsabilicen de sus actos, asegurando siempre su bienestar. Para
conseguir estos fines el juez tiene que tener en cuenta a la hora de imponer la
sanción no sólo infracción cometida, sino toda una serie de factores
psicológicos, familiares y sociales en base a los que se determinarán las
medidas que mejor incidan en su educación, procurando causarle la menor
aflicción y restricción de derechos.
La justicia penal adolescente tiene que articularse de forma que éste pueda
comprender las consecuencias que su conducta ha tenido sobre las víctimas,
directas o indirectas, ya que sólo así podrá incidirse en la asunción de su
responsabilidad y en la promoción de cambios de conducta.
¿Qué diferencia existe entre el sistema de justicia penal para adultos y la
justicia penal adolescente?
La diferencia radica en que en la justicia penal adolescente prima por encima de
todo la educación y la reinserción social del infractor, lo que obliga a establecer
procesos rápidos y ágiles y a disponer de un amplio abanico de medidas socioeducativas
que permitan cumplir con esa finalidad.
La justicia penal adolescente establece una serie de restricciones, incluyendo la
prohibición de pena de muerte y el encarcelamiento de por vida. La detención y
encarcelamiento de un adolescente debe ser utilizada como el último recurso
para delitos graves, y siempre por el menor tiempo posible.
Otras de las singularidades frente al proceso penal de adultos, son la
posibilidad de no iniciar el procesamiento, suspenderlo o resolverlo
anticipadamente si se estima que puede causar al menor de edad un perjuicio
mayor que el que él causó; la posibilidad de participar en un programa de
mediación para reparar el daño o conciliarse con la víctima; la exclusión de la
publicidad de juicio oral; la confidencialidad respecto a la identidad del
adolescente; la intervención de los padres o sus representantes; la inclusión de
estudios psico-sociales que orienten al Juez a la hora de determinar la medida a
imponer dentro del marco de la legalidad, o la corta duración e
improrrogabilidad de la prisión
¿Qué tipo de garantías establece la justicia penal adolescente?
Las mismas que existen para las personas mayores de 18 años dentro de los
sistemas penales acusatorios e incluyen: la prueba legal de los hechos;
atribución y notificación de los cargos; conocimiento del asunto por un órgano
jurisdiccional competente, independiente e imparcial; asistencia jurídica durante
el proceso; resolución y fallo de la causa sin demora y derecho a impugnar las
resoluciones ante un tribunal superior
¿Qué significa la remisión de casos en la justicia penal juvenil?
La remisión es una práctica introducida en la regla no. 11 de las Reglas de
Beijing y pretende evitar, en todos los casos que sea posible, los sistemas
penales formales (cortes, etc.) cuando se trate de delitos menores o cuando se
estime que la permanencia en el procedimiento puede causar al adolescente un
daño mayor que el que él causó con el delito. La aplicación de esta práctica
requiere el consentimiento del adolescente y de su representante legal, la
adopción de la decisión por el juez o el fiscal, y nunca avala la creación de un
sistema de resolución de conflictos como sustitutivo de la sede judicial. En este
marco son de gran interés los procesos de mediación en favor de la conciliación
y reparación del daño, tanto a la víctima individual como a la comunidad.
¿Qué tipo de sanciones sugiere la justicia penal adolescente?
El abanico de sanciones previsto es amplio y está especialmente concebido para promover la reinserción social. De allí que las medidas en libertad en el
entorno social y comunitario al que pertenece el adolescente infractor ocupen el
grueso de los posibles listados: la amonestación; la multa; la reparación del
daño causado; la prestación de servicios a la comunidad; la libertad asistida; y la
privación de libertad.
La privación de libertad sólo debe ser impuesta en aquellos casos en donde el
adolescente ha cometido infracciones graves como homicidio, violación,
secuestro, lesiones graves, etc.
¿Por qué la reclusión en un centro de cumplimiento es una sanción de
carácter excepcional?
La privación o reclusión en un centro de cumplimiento es una medida
excepcional porque, de conformidad con numerosas investigaciones empíricas
llevadas a cabo en la última década, el aislamiento de una persona que está en
proceso de formación, lejos de promover cambios positivos de conducta,
contribuye a su desarraigo y a su desocialización. Por otro lado, si se acepta que
la pena debe ser proporcional al delito cometido y, tal y como lo demuestran los
datos existentes en América Latina, la mayoría de los adolescentes cometen
delitos menos graves la reclusión en un centro de cumplimiento debería ser la
sanción menos impuesta.
También en base a investigaciones empíricas, se estima que las medidas
alternativas facilitan la rehabilitación y reinserción social de los adolescentes en
un número muy elevado de casos. El hecho de que se cuente con su
consentimiento y su participación en la elaboración del plan educativo y con la
participación de los padres o representantes y de la comunidad a lo largo del
cumplimiento permiten que el adolescente infractor reflexione sobre las
consecuencias de sus acciones y reciba y se sienta estimulado ante el
reconocimiento que la comunidad le brinda si cumple con el plan pactado.
Elaborado por
América Latina y el Caribe-TACRO (Febrero de 2.004)
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